Desde el Movimiento de Estudiantes y Trabajadores por el Boleto
(METB), reclamaron una respuesta al titular de la Secretaría de Transporte de
la provincia, Marcelo López, y a la intendenta de Resistencia, Aida Ayala,
luego de haber presentado sendas notas con el pedido de una nueva audiencia
pública para discutir la calidad del servicio de
transporte interurbano de pasajeros, “sin que hayamos sido notificados al día
de la fecha respecto de este reclamo legítimo por un derecho de los usuarios”
manifestaron desde el METB.
El miércoles 21, el METB realizó una conferencia de prensa en la Casa por la Memoria, durante la cual presentaron el pedido formal de una “audiencia pública según los términos establecidos en la ley Nº 4654, con la finalidad de garantizar una efectiva participación ciudadana” y que la misma cumpla con lo establecido en la ley Nº 95, artículo Nº 42, cuando determina que “el organismo de aplicación asegurará la más amplia y activa participación del público contralor, disponiendo lo necesario para que el mismo pueda formular observaciones relativas al servicio”.
Otra de las críticas tiene que ver con la imposibilidad de cotejar los estudios de costo con anterioridad a la audiencia realizada; “Ningún usuario pudo consultar antes de la audiencia los estudios de costo, respecto de los cuales el Ingeniero Retamoso de la Defensoría del Pueblo presentó elementos que nos hacen dudar aún más, con costos más bajos de los presentados”.
Por último, los usuarios señalaron: “Queremos democratizar el servicio. La audiencia anterior tuvo muy poca información y nada de convocatoria. Fue un trámite antes de implementar un nuevo aumento a medida de los empresarios, que más que empresarios son unos administradores de los subsidios que salen de los bolsillos de los argentinos” afirmaron.
El miércoles 21, el METB realizó una conferencia de prensa en la Casa por la Memoria, durante la cual presentaron el pedido formal de una “audiencia pública según los términos establecidos en la ley Nº 4654, con la finalidad de garantizar una efectiva participación ciudadana” y que la misma cumpla con lo establecido en la ley Nº 95, artículo Nº 42, cuando determina que “el organismo de aplicación asegurará la más amplia y activa participación del público contralor, disponiendo lo necesario para que el mismo pueda formular observaciones relativas al servicio”.
Otra de las críticas tiene que ver con la imposibilidad de cotejar los estudios de costo con anterioridad a la audiencia realizada; “Ningún usuario pudo consultar antes de la audiencia los estudios de costo, respecto de los cuales el Ingeniero Retamoso de la Defensoría del Pueblo presentó elementos que nos hacen dudar aún más, con costos más bajos de los presentados”.
Por último, los usuarios señalaron: “Queremos democratizar el servicio. La audiencia anterior tuvo muy poca información y nada de convocatoria. Fue un trámite antes de implementar un nuevo aumento a medida de los empresarios, que más que empresarios son unos administradores de los subsidios que salen de los bolsillos de los argentinos” afirmaron.
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